Nota de prensa del Manifiesto por la ampliación de la democracia

15 organizaciones alertan de la debilidad de nuestro sistema democrático y proponen 7 medidas concretas para atajar esta crisis

  • Sólo 4 de cada 10 ciudadanos de la OCDE creen que el sistema político de su país les permite opinar
  • En España, el 80% de los jóvenes menores de 30 años sienten que los políticos no los escuchan, el peor dato después de Sudáfrica
  • Dar más voz y más capacidad a la ciudadanía para que participe en la toma de decisiones públicas, clave para revertir la situación

(Enlace a vídeo y otros materiales)

Madrid, 29 de febrero de 2024.- En un contexto de polarización política extrema y de crisis del parlamentarismo, según documenta el Barómetro Edelman sobre confianza, 15 organizaciones sociales han decidido dar un paso adelante y proponer soluciones para atajar la brecha que existe entre la ciudadanía y el sistema político que la representa.
Bajo el nombre de Ampliando Democracia, hoy han presentado un manifiesto conjunto que identifica las principales quiebras del sistema y propone siete grandes medidas para resolverlas. A él se han adherido personalidades de reconocida trayectoria democrática y
vinculadas a todo el espectro político: desde Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, al filósofo Daniel Innerarity, pasando por la politóloga Cristina Monge, el ex ministro socialista Jordi Sevilla, la ex-diputada de Ciudadanos Sara Giménez, o el ex-diputado del PP, Diego Gago.

“La comunicación entre la ciudadanía y sus representantes pende de un hilo, pero no está totalmente rota. Si queremos coser las costuras de nuestra democracia, necesitamos propuestas concretas y efectivas ya. No hay tiempo que perder”, afirma Javier Pérez en nombre de la plataforma.

La participación ciudadana es una de las claves para revertir la situación. Y hay interés en ella por parte de la población, como lo demuestra el hecho de que las y los españoles son quienes más emplean el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. En 2022 plantearon 266 peticiones, un 22% del total de las registradas y más del doble de lo que nos correspondería por peso poblacional. Sin embargo, en España las peticiones ciudadanas son un instrumento perfectamente irrelevante.

España, el país que más barreras pone para proponer leyes

En nuestro país se exigen constitucionalmente medio millón de firmas para proponer unan ley, que deben recogerse en apenas nueve meses. Es lo que se conoce como Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Se trata de uno de los sistemas más exigentes en las democracias de nuestro entorno, “un modelo pensado desde la desconfianza de los que mandan hacia los que son mandados”, según resume Javier Pérez. Lo demuestra el hecho de que en 45 años de democracia sólo se han presentado 110 ILP y de ellas, sólo se han aprobado dos.

Por hacer una comparación, el Reino Unido, con 70 millones de habitantes, exige 100.00 firmas; Italia, con una población de 60 millones, 50.000. Es decir, que en proporción a la población, en España se piden 5 veces más firmas para activar una ILP que las solicitadas
por el Parlamento Europeo; 7 veces más que en Reino Unido y 12 veces más que en Italia.
Reducir el número de firmas exigidas y eliminar restricciones a los temas sobre los que pueden presentarse estas iniciativas populares son dos medidas claves.

Los jóvenes por un lado y la democracia por otro

En España, el 80% de los menores de 30 años siente que los políticos no les escuchan, según un estudio reciente. Estos datos sitúan a España como el segundo país de los analizados con peores datos, después de Sudáfrica.

Además, se ha documentado que el 74% de los alumnos españoles de 14 años afirma que los representantes políticos no se preocupan lo suficiente por las necesidades de sus votantes y un 83% cree que tenían demasiado poder. Lo más preocupante es que un 33% del alumnado no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno.

“Si no conseguimos aumentar la confianza de nuestros jóvenes en el sistema democrático, los riesgos de que apuesten por opciones autoritarias aumentarán”, advierte Elsa Arnáiz, también promotora del manifiesto. “Tenemos que educar en democracia desde la escuela
para que los niños y las niñas decidan practicarla cuando crezcan”
, añade. Apostar por el asociacionismo infantil, la participación escolar y reabrir el debate del voto a los 16 años son algunas de las medidas que se proponen.

La regulación de los lobbies, una de las grandes asignaturas pendientes

Según los datos del Eurobarómetro de 2022, el 93% de la clase política española cree que los grupos de presión o lobbies no están suficientemente regulados en España y el 46% de los políticos encuestados cree que la opacidad es el peor aspecto de la industria del lobby.

En el último informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, publicado en julio de 2023, se incluye una recomendación expresa a España para que apruebe la ley sobre la actividad de los grupos de interés, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de esos grupos como ya hace, por ejemplo, Alemania. En nuestro país esta ley lleva en el cajón desde 2022.

Democracia deliberativa como complemento a la representativa

La democracia es algo que va más allá de las urnas, pero a España le está costando subirse a la ola deliberativa que recorre Europa y buena parte de las democracias occidentales. En este manifiesto se propone al Congreso de los Diputados impulsar una asamblea que opere como una ‘Oficina Ciudadana’ para proporcionar a los diputados recomendaciones sobre dilemas políticos complejos, tal y como ya han hecho los parlamentos de Alemania, Irlanda, Bélgica o el Parlamento Europeo.

Las entidades promotoras consideran que esta es la mejor receta para combatir algunos de los males que aquejan a nuestras democracias, como la falta de confianza en el sistema político, la polarización y la desinformación.

Las siete propuestas fundamentales que recoge la iniciativa son:

  1. Impulsar un parlamentarismo más transparente, que rinda cuentas y tenga en cuenta la participación ciudadana.
  2. Reformar la Iniciativa Legislativa Popular, para convertirla en una herramienta real y efectiva de participación de la sociedad civil, de forma que mejore la representatividad y el proceso de toma de decisiones del poder legislativo.
  3. Impulsar asambleas ciudadanas para ayudar a las administraciones públicas a abordar problemas complejos con mejor información y mayor legitimidad social.
  4. Mejorar la participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración, teniendo en cuenta la diversidad de la ciudadanía.
  5. Mejorar los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos.
  6. Regular la actividad de los grupos de interés para reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses
  7. Promover una ciudadanía activa e implicada en el sistema democrático, comenzando desde la infancia y la juventud.

Puedes ver la presentación del Manifiesto por la ampliación de la democracia aquí: